Nueva Ley Agraria favorecería a agroexportadoras y pone en riesgo a la agricultura familiar en Perú
NUEVA LEY AGRARIA FAVORECERÍA A AGROEXPORTADORAS Y PONE EN RIESGO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN PERÚ
El Proyecto de Ley 8924, impulsado por Eduardo Salhuana y Cruz Zeta Chunga, propone millonarios beneficios tributarios para grandes agroexportadoras como Camposol y Danper, mientras excluye a más de dos millones de pequeños agricultores que producen el 70% de los alimentos del país.
Proyecto de Ley 8924 es una reforma agraria con beneficios concentrados
El Congreso de la República debate actualmente el Proyecto de Ley 8924, conocido como la “Nueva Ley Agraria”, una propuesta que ha despertado controversia por su impacto desigual en el agro peruano. Esta iniciativa, promovida por la congresista Cruz Zeta Chunga (Fuerza Popular) y respaldada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso), busca reducir impuestos y ampliar beneficios estatales a grandes empresas agroexportadoras. Sin embargo, organizaciones como Conveagro y la Confederación Nacional Agraria (CNA) denuncian que esta norma excluye a la agricultura familiar, dejando en el abandono a más de 2 millones de pequeños agricultores.
Rebaja tributaria a agroexportadoras es un privilegio de S/20.000 millones
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la reducción del Impuesto a la Renta del 29.5% al 15% para grandes agroexportadoras, un beneficio que estaría vigente entre 2025 y 2035. Esta medida implicaría una pérdida fiscal anual de S/1.850 millones, acumulando un costo total de S/20.000 millones en una década, según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pese a que se presenta como una ayuda para todo el sector agrario, el propio MEF ha advertido que es una norma “sobreinclusiva”, pues solo 506 grandes empresas serían beneficiadas, dejando fuera a las 2,2 millones de unidades agropecuarias registradas en el último censo.
¿Quiénes ganan con la Nueva Ley Agraria?
Los principales beneficiarios del proyecto serían algunas de las mayores empresas agroexportadoras del país, entre ellas:
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– Camposol – USD 342 millones en exportaciones (2023)
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– Complejo Agroindustrial Beta – USD 239 millones
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– Danper Trujillo – USD 236 millones
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– Agrícola Cerro Prieto – USD 194 millones
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– Agrokasa – USD 175 millones
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– Ecosac Agrícola – USD 175 millones
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– Agrovisión Perú – USD 165 millones
En conjunto, estas compañías concentran más del 15% de las exportaciones agroindustriales del Perú, valorizadas en USD 10.544 millones el último año.
La agricultura familiar, la gran excluida
Mientras se garantiza alivio tributario a las grandes empresas, la agricultura familiar —que representa al 97,6% de las unidades agropecuarias y produce más del 70% de los alimentos que consumimos— queda al margen del proyecto. Para organizaciones como Conveagro y la CNA, la norma representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
El dictamen incluso plantea modificar la Ley N.º 31071, que obliga al Estado a comprar al menos el 30% de alimentos a pequeños productores. Con la reforma, este beneficio se ampliaría a empresas agroexportadoras, distorsionando una política creada para apoyar a quienes tienen menos recursos.
Participación empresarial en la elaboración de la ley
La construcción del proyecto no estuvo exenta de polémicas. La propia asesora del presidente del Congreso, la excongresista Alejandra Aramayo Gaona, coordinó entre agosto y octubre cuatro mesas técnicas con gremios del sector, muchas de ellas con representantes vinculados a la agroindustria.
Entre los participantes figuraban:
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– Ismael Benavides Ferreyros, del Grupo Huamaní, exportadora de uvas y mandarinas
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– Luis Sánchez Araujo, exviceministro y actual directivo del Instituto Innova Rural
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– Juan Manuel Benites Ramos, exministro y presidente del Instituto Crecer, vinculado a Agrokasa y Cerro Prieto
Esta cercanía con el sector privado ha levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso legislativo, ya que no se incluyó proporcionalmente a organizaciones que representan a la agricultura familiar.
Alertas desde Conveagro y la CNA “Una Ley Chlimper 2.0”
Tanto Conveagro como la CNA han calificado al proyecto como una “Ley Chlimper 2.0”, en referencia a la cuestionada Ley de Promoción Agraria de los años 2000. A su juicio, esta nueva norma mantiene privilegios tributarios que debieron eliminarse en 2020, luego de la derogación forzada tras las protestas de trabajadores agrícolas en Ica, donde murieron dos jóvenes manifestantes.
Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, advirtió que se está reeditando un modelo que profundiza la desigualdad en el campo y reduce el acceso de los productores familiares a programas públicos como AGROIDEAS o AGRORURAL, que podrían ser absorbidos por empresas que ya tienen gran capacidad económica.
Más beneficios sin sustento técnico
Además de los descuentos tributarios, el proyecto de ley incluye otras medidas que, según el MEF, no tienen justificación técnica:
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– Créditos por reinversión del 20%, sin criterios claros
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– Apoyo económico a institutos agropecuarios, sin un plan de implementación
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– Inclusión de rubros como vino, pisco y palmito, sectores que no requieren subsidios
Empresas como Santiago Queirolo y Tabernero también serían favorecidas, a pesar de que han tenido crecimiento sostenido sin ayuda del Estado.
Flexibilización laboral: menos fiscalización, más informalidad
Aunque el capítulo laboral fue retirado del dictamen, el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros Luque ha advertido que subsisten disposiciones preocupantes. Por ejemplo, se ordena a Sunafil que concentre el 75% de sus inspecciones en el sector informal, lo que reduciría la fiscalización a las empresas agroindustriales, afectando los derechos laborales de miles de trabajadores.
Además, se contempla la exoneración del registro en planilla para pequeños productores, medida que podría incentivar la informalidad rural y debilitar la protección social.
¿Modernización o exclusión del agro?
Pese a las críticas, los impulsores del proyecto insisten en que la norma busca “modernizar el agro”. No obstante, el fondo del debate gira en torno a una pregunta central: ¿modernizar para quién?
La Conferencia Nacional Agraria exige que se instale una mesa técnica inclusiva, con participación del MEF, Midagri, Sunat, universidades y gremios campesinos, para construir un nuevo dictamen que priorice al verdadero motor del agro peruano: la agricultura familiar.
¿Una ley para siete empresas o para millones de peruanos?
La “Nueva Ley Agraria” se presenta como una política de desarrollo, pero en realidad profundiza un modelo que favorece a pocos y abandona a millones. Si el Congreso quiere legislar con justicia, debe escuchar al campo, proteger a los productores más vulnerables y apostar por una agricultura sostenible, equitativa y soberana.
La historia ya nos mostró los riesgos de ignorar al agro familiar. Repetir ese error sería condenar al país a una nueva crisis rural.