KEIKO FUJIMORI SE FINANCIÓ CON MÁS DE USD 13 MILLONES DE DOLARES SUCIOS

Empresarios, maletines de dinero y pactos en la sombra, la Fiscalía expone cómo la élite empresarial inyectó millones ilegales a Keiko Fujimori para blindarse de la justicia y capturar el Estado, Informe fiscal revela que Fuerza Popular operó como una maquinaria criminal al servicio del poder económico

Keiko Fujimori recibió más de USD 13 millones de origen ilegal para financiar sus campañas, confirma informe fiscal

José Domingo Pérez ratifica que Fuerza Popular operó como una organización criminal al captar millones de dólares ilícitos desde 2011, con aportes ocultos de grupos empresariales como Credicorp, Rassmuss y la Confiep, es por eso que la señora Keiko toma represalias SUSPENDIENDOLO de sus funciones como FISCAL

Fiscal Domingo Pérez detalla esquema de financiamiento ilegal de Fuerza Popular

Poco antes de ser suspendido de sus funciones, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, presentó un contundente informe ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, donde ratifica que Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, recibieron más de 13 millones de dólares en aportes ilícitos desde 2011. El documento acusa a la agrupación de actuar como una organización criminal con fines de captura del poder político y garantía de impunidad.

Documento Fiscal

2.2.1.2.- De la captación de activos ilícitos provenientes de Credicorp

La organización criminal liderada por Keiko Sofía solicitó a grupos empresariales la entrega de activos ilícitos por el monto de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (USD$ 3’650,000.00), de Dionisio Romero Paoletti, en su condición de presidente del Directorio y Primer Ejecutivo del grupo económico CREDICORP a favor del partido político Fuerza 2011, dinero entregado de forma directa a Keiko Fujimori o a su entorno de confianza (Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Bedoya Cámere, José Chlimper Ackerman, entre otros), utilizando como medio de transporte maletines.

Es así que entre los meses de noviembre del año 2010 y mayo del 2011, en las instalaciones del inmueble ubicado en la calle los Canarios LT 11-A Urbanización Las Praderas del distrito de La Molina, domicilio del ex congresista Martín Pérez Monteverde, se propiciaron varias reuniones de índole privada, los días lunes específicamente de seis a siete reuniones en ese lugar participaron: a) Keiko Sofía Fujimori Higuchi (líder de la organización criminal), b) Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (secretario general de la organización criminal), c) Dionisio Paoletti (presidente del directorio, Banco de Crédito del Perú) y d) Martín Pérez Monteverde (ex ministro de estado).

En dichas reuniones privadas Keiko Sofía Fujimori, candidata a la presidencia de la República del Perú, no solo exponía sus propuestas políticas, sino que asumía compromisos económicos con Romero Paoletti para ser favorecido en el caso de que la acusada resulte ganadora en los comicios electorales del año 2011. El condicionamiento para ser favorecido con el gobierno, estaría en función a la contribución económica (pago o coima) que el empresario Romero Paoletti efectuaría para el financiamiento de la campaña presidencial del año 2011.

El activo ilícito entregado por Dionisio Romero Paoletti, consistente en USD$ 3’650,000.00 (Tres millones seiscientos cincuenta mil dólares americanos, producto del fraude en la administración de persona jurídica), fue extraído de las cuentas del BCP en 17 transacciones, las cuales se detallan a continuación:

CUARTO: Requerimiento de suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular

4.1. Durante el trámite de la Investigación Preparatoria seguida en el Caso SGF 55-2017, este Despacho Fiscal requirió diversas medidas, entre las cuales corresponde señalar el Requerimiento de suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular.

José Domingo Pérez Gómez
Fiscal Provincial Titular
Equipo Especial – Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Caso Lava Jato

El cual se presentó ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, generándose el Expediente Judicial No. 00299-2017-138-5001-JR-PE-01.

4.2. De acuerdo con el contenido del requerimiento inicial formulado con fecha 17 de julio de 2020, y el requerimiento complementario presentado con fecha 07 de septiembre de 2020, se advierte que en su oportunidad se expresó ante la judicatura correspondiente diversos argumentos y hechos que demostraron la permanencia o prolongación de los efectos lesivos de los delitos cometidos, así como la existencia de un riesgo de que a través del partido político Fuerza Popular, se obstaculice la averiguación de la verdad o se sigan cometiendo delitos.

4.3. En cuanto a los hechos y/o argumentos que fundamentaron el Requerimiento de suspensión temporal de actividades políticas del partido Fuerza Popular, se tiene que para el año 2020, fecha en que dicho requerimiento se formuló, se trataba de riesgos latentes de concreción, pero que, a la fecha, muchos de estos se han realizado y seguirán en su permanencia ejecución.

Aportes millonarios no bancarizados:
Un patrón sistemático

Según el informe, Fuerza Popular recibió fondos en efectivo, sin registro ante la ONPE, provenientes de empresarios y grandes corporaciones, lo que evidencia una estructura clandestina y sistemática. Entre los principales aportantes figura Dionisio Romero, expresidente de Credicorp, quien entregó USD 3,65 millones durante la campaña de 2011, en reuniones privadas realizadas en la casa del exministro Martín Pérez Monteverde, en La Molina.

Asimismo, la empresa Sudamericana de Fibras, del grupo Rassmuss, aportó USD 3,5 millones al entorno de Fujimori entre 2010 y 2011. En la campaña de 2016, el mismo grupo canalizó USD 3,73 millones adicionales en al menos 30 reuniones con figuras clave del partido, como Jorge Yoshiyama, Pier Figari y Mark Vito Villanella, exesposo de Fujimori.

El rol de la Confiep:
Una plataforma de captación ilícita

El informe también vincula a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), bajo la presidencia de Ricardo Briceño, en la recolección de USD 2,07 millones provenientes de empresas como Alicorp, Southern Perú, Odebrecht y empresarios influyentes como Carlos Rodríguez Pastor y Roque Benavides. Estos fondos fueron utilizados para impulsar la campaña fujimorista de 2011, con la promesa de representar sus intereses ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Durante la campaña de 2016, Romero volvió a aportar USD 450.000, también en efectivo, en encuentros privados realizados nuevamente en el domicilio de Pérez Monteverde, quien entonces presidía la Confiep.

Un partido estructurado para corromper el poder político

El informe de Pérez no se limita a describir los aportes ilegales. Sostiene que Fuerza Popular cumple con los requisitos para ser considerado una organización criminal, que ha usado su plataforma partidaria para:

• * Blindar a sus integrantes en investigaciones judiciales.

• * Interferir en el funcionamiento de instituciones públicas, especialmente el Congreso.

• * Desacreditar al Ministerio Público mediante campañas mediáticas.

• * Manipular el aparato legislativo para beneficiar a sus financiadores.

Esta operación político-empresarial, según Pérez, responde a una estrategia de captura del poder que pone en riesgo el sistema democrático.

Evidencias contundentes para la suspensión de Fuerza Popular

El fiscal ratifica su solicitud para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular, presentada originalmente en 2020. El documento advierte que la agrupación ha vulnerado los principios de transparencia, legalidad y democracia, al utilizar fondos ilícitos para financiar campañas y promover legislación a la medida de sus aportantes.

Además, la investigación revela cómo el partido buscó obstaculizar procesos judiciales, presionando para mantener impunidad entre sus filas y pactando con sectores del empresariado para mantenerse en el poder.

Aportes empresariales ilegales: el recorrido del dinero

El informe fiscal reconstruye con precisión los canales mediante los cuales circuló el dinero ilegal:

• * Credicorp (Dionisio Romero): USD 3,65 millones en 2011 y USD 450.000 en 2016, todos entregados en efectivo en reuniones privadas.

• * Sudamericana de Fibras (grupo Rassmuss): USD 3,5 millones en 2011 y USD 3,73 millones en 2016, entregados en oficinas del Callao y mediante reuniones con emisarios fujimoristas.

• * Confiep (Ricardo Briceño, luego Martín Pérez): USD 2,07 millones recaudados entre diversas empresas en 2011 y 2016.

• * Inversiones Piuranas S.A.C. y otros grupos empresariales no identificados públicamente también figuran en el informe.

Un patrón de financiamiento ilegal con fines de control político

El patrón de financiamiento, lejos de ser un hecho aislado, muestra una estructura consolidada que, según el fiscal Pérez, tenía por objetivo:

• * Influir en el Poder Ejecutivo.

• * Comprar impunidad mediante el control del Congreso.

• * Servir de vehículo para intereses económicos privados.

El uso sistemático de fondos ilegales no solo transgrede las normas electorales, sino que atenta contra la integridad del sistema democrático.

¿Qué sigue para Fuerza Popular?

La fiscal Delia Espinoza tiene ahora la responsabilidad de evaluar este informe, que podría reactivar el pedido de suspensión política de Fuerza Popular, mientras se avanza con el proceso penal por lavado de activos contra Keiko Fujimori.

El caso se encuentra en una etapa crucial. Las pruebas presentadas consolidan la hipótesis de que el partido usó el aparato político para fines ilícitos, y refuerzan el pedido de sanciones ejemplares ante la justicia peruana.

La denuncia formulada por José Domingo Pérez reabre con fuerza el debate sobre la financiación ilegal de campañas en el Perú. En el centro del escándalo, Keiko Fujimori y Fuerza Popular aparecen como piezas clave de un entramado donde el dinero de grandes grupos empresariales fue convertido en influencia política.

La contundencia del informe y los detalles del recorrido del dinero ponen en jaque la legitimidad de la organización fujimorista, abriendo la puerta a un eventual proceso de disolución o suspensión, con consecuencias políticas de gran alcance.

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