Keiko, Acuña y Cerrón aprueban leyes que protegen delincuentes y destruyen la justicia
KEIKO, ACUÑA Y CERRÓN APRUEBAN LEYES QUE PROTEGEN DELINCUENTES Y DESTRUYEN LA JUSTICIA
Congreso mafioso aprobó Doce leyes impulsadas por Fuerza Popular, APP y Perú Libre favorecen la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, mientras el Legislativo se convierte en un escudo legal para políticos investigados y mafias enquistadas en el poder mientras el Poder Judicial esta amarrado de manos con dichas leyes.
Congreso dominado por Fuerza Popular, APP y Perú Libre aprueba 12 leyes que blindan la corrupción y promueven la impunidad
Las bancadas de Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón consolidan un régimen legal que debilita la lucha contra el crimen organizado, limita a la justicia y deja sin herramientas al Estado para combatir la corrupción.
Congreso peruano aprueba paquete legislativo que favorece al crimen y sabotea el sistema judicial
En un hecho sin precedentes, el Congreso de la República del Perú, dominado por Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP) y Perú Libre, ha aprobado doce leyes que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, benefician al crimen organizado, promueven la impunidad y debilitan la lucha contra la corrupción. Esta alianza de fuerzas políticas, lideradas por Keiko Fujimori, César Acuña y Vladimir Cerrón, ha convertido el Parlamento en un espacio de protección para intereses particulares y redes criminales.
El rol clave de las comisiones de Constitución, Justicia y la presidencia del Congreso
El diseño del poder dentro del Parlamento ha sido fundamental para la aprobación de este bloque normativo. Fuerza Popular controla la Comisión de Constitución, Perú Libre dirige la Comisión de Justicia, y APP ostenta la presidencia del Congreso. Esta tríada ha permitido la aprobación sistemática de leyes que, en lugar de fortalecer el sistema democrático, lo desmantelan desde dentro.
Leyes que garantizan impunidad: el caso Alejandro Soto
La Ley 31751, conocida como la «Ley Soto», fue el punto de partida. Esta norma redujo arbitrariamente los plazos de prescripción penal, beneficiando directamente al congresista Alejandro Soto, de APP, quien evitó ser juzgado por estafa. Esta maniobra abrió la puerta a otros políticos investigados, como Vladimir Cerrón y José Balcázar, quienes intentaron acogerse a la misma.
El Poder Judicial se resistió a aplicar la norma por considerarla inconstitucional, lo que llevó al Congreso a aprobar una segunda ley: la Ley 32104, que obliga a los jueces a aplicar la interpretación más favorable a los procesados, en una abierta injerencia contra la independencia judicial. Con estas dos normas, el Congreso blindó a sus propios miembros.
Minería ilegal: una ley a medida para el crimen ambiental
La Ley 31989 anuló la capacidad de la Policía Nacional para incautar maquinaria e insumos utilizados en la minería ilegal, debilitando gravemente la capacidad del Estado para enfrentar este flagelo que destruye ecosistemas y financia mafias. A pesar de derogar el Decreto Legislativo 1607, el Congreso no restituyó ninguna herramienta legal para enfrentar esta actividad delictiva.
Colaboración eficaz: una contrarreforma que favorece a organizaciones criminales
Con la aprobación de la Ley 31990, el Congreso redujo los plazos para que la Fiscalía pueda corroborar la información brindada por colaboradores eficaces. Esta medida afecta directamente investigaciones complejas de corrupción y crimen organizado, limitando la posibilidad de construir casos sólidos.
Además, con la Ley 32054, se exime de responsabilidad penal a los partidos políticos, beneficiando directamente a Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular y Podemos Perú, todos investigados por delitos como lavado de activos y organización criminal.
Impunidad para crímenes del pasado y presente
La Ley 32107, promovida por el congresista Fernando Rospigliosi, impide juzgar a policías y militares por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, bajo el argumento de que en esas décadas no estaban vigentes los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad.
Por si fuera poco, con la Ley 32130, el Congreso trasladó funciones de investigación del Ministerio Público a la Policía Nacional, en una clara violación del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, debilitando la independencia de las investigaciones en un contexto en el que la Policía responde políticamente al Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte, también investigada por corrupción.
Blindaje al crimen organizado desde el Congreso
La Ley 32108 obligaba a los fiscales a notificar a los investigados antes de ejecutar allanamientos, afectando gravemente la eficacia de operaciones contra el crimen organizado. Ante el rechazo social, fue reemplazada por la Ley 32138, que aunque eliminó la notificación previa, establece que los allanamientos no pueden ejecutarse sin presencia de abogados, lo que limita el factor sorpresa y permite a los delincuentes prepararse o escapar.
Liberación de criminales y restricciones a la detención preventiva
Con la Ley 32181, el Congreso limitó las detenciones preliminares, lo que permitió la liberación de criminales de alta peligrosidad, como el caso del grupo “Las hienas verdes”. La ley también contiene disposiciones que permiten liberar a delincuentes de edad avanzada, como Vladimiro Montesinos, y restringe el encarcelamiento de policías que usen armas de fuego, incluso en contextos de abuso o represión letal.
Ataques directos a jueces y fiscales
La ofensiva parlamentaria no se detiene en la protección de sus aliados políticos. También apunta a debilitar a los operadores de justicia. La Ley 32182 criminaliza decisiones judiciales y fiscales, configurando un escenario de persecución a magistrados que investigan a políticos.
La Ley 32153, por su parte, impide que los jueces ejerzan control constitucional sobre decisiones del Congreso, incluso en casos de persecución política o violación de derechos fundamentales. Esta norma ha sido alertada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su carácter abiertamente inconstitucional y represivo.
Un Parlamento que legisla contra el país
Estas doce leyes evidencian una estrategia clara: proteger a los corruptos, debilitar a las instituciones democráticas y obstaculizar la lucha contra el crimen. La mayoría parlamentaria, formada por Fuerza Popular, APP, Perú Libre y sus aliados, ha convertido al Congreso en una herramienta legislativa al servicio de la impunidad.
A pesar del rechazo ciudadano y las protestas sociales, ninguna de estas leyes ha sido derogada en su totalidad. Las pocas modificaciones que se han realizado incluyen trampas legales que mantienen el fondo de las medidas.
Con año y medio aún por delante, el riesgo de que se aprueben nuevas normas lesivas para el Estado de derecho es alto. La ciudadanía, las instituciones democráticas y la comunidad internacional deben mantenerse vigilantes ante un Congreso que legisla para protegerse a sí mismo, y no para servir al país.