Gobierno de Dina Boluarte favorece a la minería ilegal al recortar reserva de las Líneas de Nazca
GOBIERNO DE DINA BOLUARTE FAVORECE A LA MINERÍA ILEGAL AL RECORTAR RESERVA DE LAS LÍNEAS DE NAZCA
Con una resolución cuestionada por arqueólogos y especialistas, el gobierno de Dina Boluarte eliminó más de 2.000 km² de la Reserva Arqueológica de Nazca, dejando fuera zonas vulnerables que ahora quedan expuestas a la expansión de la minería ilegal, en lo que varios expertos califican como un acto de colusión encubierta.
Dina Boluarte reduce en 42% área protegida de las Líneas de Nazca y deja vía libre a la minería ilegal
Una resolución del Ministerio de Cultura, firmada bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, recorta más de 2.000 km² de la Reserva Arqueológica de Nazca, exponiendo el patrimonio milenario a la expansión de la minería ilegal en una de las zonas más frágiles del país.
El Gobierno recorta la Reserva de Nazca en plena expansión minera
En un hecho que ha generado alarma nacional e internacional, el Gobierno de Dina Boluarte aprobó la reducción de un 42% del área protegida de las Líneas de Nazca, una joya arqueológica declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Mediante la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025, el Ministerio de Cultura redujo la reserva arqueológica de 5.600 km² a apenas 3.200 km², dejando fuera más de 2.000 km² de territorio que servía como escudo frente al avance de actividades ilegales.
La decisión ha desatado duras críticas de expertos, arqueólogos y sectores de la sociedad civil, quienes advierten que esta reducción facilita el ingreso de minería informal e ilegal a zonas que aún no han sido completamente estudiadas ni protegidas.
Las Líneas de Nazca es un tesoro milenario bajo amenaza
Desde lo alto del desierto de Ica, se extiende uno de los legados más enigmáticos de la humanidad: las Líneas de Nazca. Son más de 800 geoglifos con figuras geométricas, animales y humanos trazados sobre la pampa hace más de 2.000 años. Algunos alcanzan los 270 metros de longitud y forman parte de un paisaje arqueológico invaluable que sigue despertando teorías sobre su uso como calendario astronómico.
Este sitio fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994, y su conservación es una responsabilidad del Estado peruano. Sin embargo, la reciente decisión del Gobierno ha encendido las alarmas sobre su vulnerabilidad frente a actividades extractivas ilegales que ya operan en la zona.
Minería ilegal dentro de la reserva: un problema admitido por el propio gobierno
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, justificó la medida alegando que la nueva delimitación “refleja de forma más precisa la relación entre los geoglifos y el territorio físico”. Pero en la misma entrevista concedida a RPP, admitió que en la zona existen “yacimientos mineros” y reconoció la presencia de minería informal dentro del área ahora desprotegida. “No tengo información exacta sobre qué mineral se extrae”, dijo, dejando en evidencia la falta de control del Estado en el territorio.
Este reconocimiento oficial confirma lo que diversos informes advertían desde hace años: que la minería ilegal opera impunemente dentro de las pampas de Nazca y ha sido considerada por el propio Ministerio de Cultura como la “zona más afectada por estas actividades” dentro de todo el patrimonio arqueológico nacional.
Colegio de Arqueólogos del Perú “Nunca fuimos consultados”
El Colegio de Arqueólogos del Perú, a través de su decano Pieter van Dalen Luna, denunció públicamente que la medida fue tomada de forma unilateral y sin consulta previa a los especialistas. “Nos enteramos cuando salió la resolución. Nunca fuimos parte del proceso”, aseguró.
El gremio advirtió que la justificación técnica carece de sustento sólido, ya que los estudios utilizados por el Ministerio de Cultura no abarcaron la totalidad del territorio, sino solo una parte limitada por razones presupuestales. Además, la actual gestión ha desmantelado las mesas técnicas establecidas por el gobierno anterior, dejando sin espacio institucional el diálogo sobre la protección del sitio.
La reducción expone zonas vulnerables a la destrucción
Para los expertos, la reducción del polígono de protección no solo implica pérdida de territorio físico, sino también de capacidad de resguardo legal frente a actividades ilegales. Zonas que antes estaban bajo la categoría de reserva intangible, ahora han quedado fuera del marco normativo que las protegía.
“Estas áreas están expuestas a la minería ilegal, la expansión agrícola y otros factores destructivos. Lo que se ha hecho es abrirles la puerta”, indicó Van Dalen.
El sociólogo Santiago Alfaro fue más directo: “El Ministerio de Cultura está renunciando a su deber de proteger el patrimonio. No se trata solo de geoglifos ya conocidos, sino de preservar un espacio que sigue revelando nuevos vestigios arqueológicos”.
Minería ilegal dentro del área protegida son antecedentes graves
Esta no es la primera vez que se detectan operaciones mineras dentro de la zona intangible. En 2016, un operativo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental halló cinco toneladas de explosivos, detonadores, dinamita y campamentos ilegales en Quebrada de la Taruga, dentro de la reserva de Nasca.
En 2020, se encontraron bocaminas activas en la zona arqueológica La Muña, donde incluso se hallaron generadores y maquinaria pesada. Según registros del Ministerio de Cultura, ya se iniciaron al menos diez procesos judiciales contra personas que invadieron zonas protegidas.
A pesar de todo, el Gobierno insiste en que la protección se mantendrá. Pero los hechos demuestran lo contrario.
¿Qué hay detrás de la reducción del área protegida?
La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué reducir una zona de protección arqueológica sin respaldo técnico completo y en medio del avance de la minería ilegal?
El Ministro Valencia, abogado especialista en patrimonio cultural y museología, no ha sabido responder con claridad. Su gestión ya ha sido cuestionada por su cercanía al exministro Juan José Santiváñez, censurado por el Congreso por su mal manejo de la seguridad nacional. Ahora, también está en la mira del Congreso de la República, donde será citado por la Comisión de Fiscalización.
El Colegio de Arqueólogos del Perú ha solicitado su destitución y anunció que presentará un recurso de nulidad para revertir la resolución. “Estamos evaluando legalmente la medida, pero ya hemos empezado el proceso”, declaró Van Dalen.
Caral también está en riesgo y el precedente que preocupa
Los especialistas temen que lo ocurrido con las Líneas de Nazca siente un precedente nefasto. Ya ocurrió algo similar con Caral, considerada la civilización más antigua de América, donde la arqueóloga Ruth Shady ha sido amenazada por traficantes de tierras sin recibir protección del Estado.
La preocupación se extiende a otros sitios como Machu Picchu y Kuelap, donde la presión económica e inmobiliaria podría impulsar decisiones similares en detrimento del patrimonio nacional.
Un patrimonio en peligro que el Estado no sabe proteger
El Perú tiene más de 27.500 bienes inmuebles prehispánicos registrados, pero muchas de las zonas donde se sospecha la existencia de nuevos hallazgos aún no han sido exploradas. En su propio informe enviado en septiembre de 2024 al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Ministerio de Cultura reconoció que las actividades ilegales “no respetan la fragilidad del bien arqueológico” y que operan con total clandestinidad.
Así, mientras el Gobierno recorta la protección, los campamentos mineros ilegales siguen creciendo. Las invasiones en Nazca, Palpa y Lucanas (Ayacucho) continúan. Y sin un plan real de vigilancia, la situación solo empeorará.
¿Qué se necesita para revertir esta amenaza?
Expertos coinciden en que es urgente crear una unidad ejecutora exclusiva para la gestión de las Líneas de Nazca, que permita diseñar e implementar políticas públicas de protección, investigación y recuperación del sitio. Asimismo, se necesita coordinación intersectorial con el Ministerio del Interior, Fiscalía Ambiental, y organismos internacionales como la UNESCO.
El Estado debe actuar de forma inmediata para frenar el ingreso de maquinaria, personas y explotaciones ilegales, al mismo tiempo que se restablecen las mesas técnicas con participación de arqueólogos, universidades y sociedad civil.
Un retroceso peligroso
La reducción de la Reserva Arqueológica de Nazca en un 42% es un retroceso grave en la política de protección del patrimonio cultural del Perú. La medida no solo debilita el marco legal que resguardaba uno de los tesoros más valiosos de la humanidad, sino que además se da en un contexto donde la minería ilegal sigue avanzando sin control.
El país no puede darse el lujo de perder parte de su historia milenaria por intereses económicos o decisiones técnicas sin respaldo completo. La comunidad nacional e internacional debe alzar la voz para evitar que el legado de nuestros ancestros termine enterrado bajo toneladas de tierra removida por la ambición.