Congreso del Perú aprueba polémica ley que facilita la expropiación de tierras comunales sin consulta previa
CONGRESO DEL PERÚ APRUEBA POLÉMICA LEY QUE FACILITA LA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS COMUNALES SIN CONSULTA PREVIA
La modificación de la Ley 24657 permite legalizar ocupaciones informales sobre territorios campesinos sin respetar la consulta previa, vulnerando derechos colectivos y amenazando la propiedad comunal.
En una decisión que ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, el Congreso de la República del Perú aprobó una reforma a la Ley de Titulación de Tierras Comunales (Ley 24657) que permite formalizar ocupaciones irregulares realizadas entre los años 2004 y 2015 sobre tierras comunales, sin aplicar el principio de consulta previa, exigido por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución peruana.
Esta controvertida modificación legaliza la entrega de títulos individuales a ocupantes, incluso en casos donde se trate de invasiones, y excluye de protección a aquellas comunidades campesinas que no cuenten con reconocimiento como pueblos indígenas u originarios, abriendo la puerta al despojo legalizado de tierras comunales.
¿Qué establece la nueva modificación de la Ley 24657?
La reforma al artículo 2 de la Ley 24657 contiene tres disposiciones clave que han generado gran controversia:
Legalización de ocupaciones informales: Las tierras comunales ocupadas por asentamientos humanos hasta el 31 de diciembre de 2015 podrán ser tituladas de forma individual, siempre que no hayan sido objeto de una demanda judicial antes de esa fecha.
Exclusión arbitraria de comunidades campesinas: La ley protege únicamente a comunidades reconocidas como indígenas u originarias, dejando sin defensa a miles de comunidades campesinas que no cuentan con dicha clasificación legal, pero que históricamente habitan y dependen de esos territorios.
Premio a la informalidad: Se otorga respaldo legal a ocupaciones irregulares, incluso si estas ocurrieron sin consentimiento de la comunidad o en territorios colectivos invadidos.
Excepciones incluidas en la norma:
La reforma no aplica si la comunidad afectada presentó una demanda de reivindicación territorial antes del 2015.
Tampoco cubre los terrenos que estén siendo gestionados activamente por la propia comunidad campesina.
Las graves implicancias de la reforma legal
Violación a derechos colectivos: La medida no fue consultada con las comunidades afectadas, lo que contraviene el Convenio 169 de la OIT y el Artículo 6 de la Ley 29785 sobre consulta previa, que obligan al Estado a dialogar con los pueblos originarios antes de aprobar normativas que afecten sus territorios.
Legalización del despojo: La norma permite que ocupaciones irregulares o invasiones se conviertan en títulos de propiedad individual, debilitando el concepto de propiedad colectiva que es base del modelo de organización social y económica de muchas comunidades campesinas.
Discriminación legal: Miles de comunidades no indígenas quedan expuestas a perder sus tierras por no contar con un reconocimiento legal como pueblos originarios, a pesar de vivir ancestralmente en esas tierras y depender de ellas para su subsistencia, identidad y cultura.
Reacciones y resistencia legal
Diversas organizaciones sociales, comunidades afectadas y entidades defensoras de los derechos humanos ya han comenzado a organizarse para enfrentar la medida por vías legales, sociales e internacionales.
Demanda de inconstitucionalidad: Se interpondrá una acción ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la norma viola el derecho a la propiedad comunal consagrado en los artículos 88 y 89 de la Constitución del Perú.
Movilizaciones nacionales: Las comunidades y sus representantes preparan protestas pacíficas y jornadas de resistencia a lo largo del país, para exigir la derogación de la ley y visibilizar su impacto.
Presión internacional: Se presentarán denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento de los convenios firmados por el Estado peruano.
Entre las organizaciones involucradas se encuentran la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y diversas federaciones regionales que representan a comunidades campesinas y amazónicas.
Un retroceso en materia de derechos territoriales
Con esta reforma, el Estado peruano da un peligroso paso atrás en la protección de los derechos colectivos y la seguridad territorial de los pueblos rurales. La ley, lejos de resolver conflictos, agudiza tensiones sociales y promueve la especulación sobre tierras comunales.
La aprobación de esta norma sin participación ni consentimiento de las comunidades afectadas evidencia una política pública que prioriza intereses económicos —como la expansión agrícola, minera o inmobiliaria— por encima de los derechos humanos y territoriales de quienes han custodiado la tierra durante generaciones.
¿Quién gana y quién pierde?
Mientras la reforma beneficia a ocupantes informales y promueve la individualización de la tierra con fines especulativos, las comunidades campesinas pierden seguridad jurídica, acceso a la justicia y el respeto a su identidad colectiva.
La lucha por la tierra, la autonomía y el derecho a decidir sobre el territorio se convierte hoy más que nunca en una bandera de resistencia para cientos de comunidades en todo el país.