Uno de los rostros más visibles de este ataque a la sostenibilidad es el congresista José Bernardo Pazo Nunura. Mientras el país enfrenta una crisis ambiental y social, el Congreso impulsa una norma hecha a medida de intereses privados, destruyendo la pesca artesanal y violando la soberanía del mar peruano. 

Congreso corrupto entrega el mar a las bolicheras y se cocina ley para legalizar la depredación marina

CONGRESO CORRUPTO ENTREGA EL MAR A LAS BOLICHERAS Y SE COCINA LEY PARA LEGALIZAR LA DEPREDACIÓN MARINA

Uno de los rostros más visibles de este ataque a la sostenibilidad es el congresista José Bernardo Pazo Nunura. Mientras el país enfrenta una crisis ambiental y social, el Congreso impulsa una norma hecha a medida de intereses privados, destruyendo la pesca artesanal y violando la soberanía del mar peruano.

Uno de los rostros más visibles de este ataque a la sostenibilidad es el congresista José Bernardo Pazo Nunura. Mientras el país enfrenta una crisis ambiental y social, el Congreso impulsa una norma hecha a medida de intereses privados, destruyendo la pesca artesanal y violando la soberanía del mar peruano. 
Uno de los rostros más visibles de este ataque a la sostenibilidad es el congresista José Bernardo Pazo Nunura. Mientras el país enfrenta una crisis ambiental y social, el Congreso impulsa una norma hecha a medida de intereses privados, destruyendo la pesca artesanal y violando la soberanía del mar peruano.

Congreso peruano al servicio de la depredación marina: hoy se debate ley que destruye la pesca artesanal y la sostenibilidad del mar

Bajo presión de intereses empresariales, el Congreso pretende anular la Ley N.º 31749 y abrir la puerta a la pesca industrial en zonas protegidas, ignorando advertencias científicas, sociales y ambientales.

El Congreso traiciona al mar y a los pescadores artesanales

El Congreso del Perú podría consumar una de las mayores traiciones ambientales de los últimos años: permitir la pesca mecanizada dentro de las cinco millas costeras, área reconocida como vital para la biodiversidad marina y reservada por ley a la pesca artesanal. Si prospera el dictamen impulsado por congresistas con claros conflictos de interés, el mar peruano quedará expuesto a la depredación legalizada.

La Ley 31749: un avance que el Congreso quiere demoler

En mayo de 2023, tras meses de consenso técnico y social, se aprobó la Ley N.º 31749, que protege las primeras cinco millas del mar peruano al prohibir el ingreso de embarcaciones con sistemas de pesca mecanizados. La norma protege a la pesca artesanal y al ecosistema marino. Pero la presión de un lobby empresarial vinculado a congresistas amenaza con echar abajo este avance.

El negocio detrás del “cambio normativo”: bolicheras y corrupción

Uno de los rostros más visibles de este ataque a la sostenibilidad es el congresista José Bernardo Pazo Nunura, quien promueve esta contrarreforma mientras su familia registra empresas de construcción de bolicheras en Piura. A pesar del evidente conflicto de interés, lidera la propuesta que beneficiará directamente a sus negocios familiares.

Este caso refleja cómo el Congreso se ha convertido en un espacio de representación para intereses privados, mientras se ignora la voz de miles de pescadores que defienden el mar.

Modificar la ley para legalizar la pesca destructiva

La propuesta no solo pretende permitir el ingreso de embarcaciones mecanizadas a zonas protegidas, sino que desdibuja las categorías legales para que incluso estas prácticas se consideren “artesanales”. Se trata de un intento burdo de legalizar lo ilegal, destruyendo años de lucha por una pesca responsable.

La tecnología que se quiere introducir en zonas frágiles —redes de cerco con mecanismos hidráulicos— arrasará con todo a su paso, incluidas especies en reproducción y juveniles. “Lo que hacen estas redes es vaciar el mar. Y ahora quieren hacerlo con el respaldo de una ley”, denunció un dirigente pesquero en Lima.

Silencio cómplice y falta de fiscalización: la receta para el colapso

En regiones como Tumbes, los pescadores denuncian que la piratería, el contrabando y la pesca ilegal ya son un problema diario. Si se aprueba este cambio legal, será casi imposible fiscalizar qué tipo de embarcaciones operan en zonas restringidas, pues el Estado no tiene ni recursos ni voluntad para controlar el mar.

Lo que antes era un problema clandestino, ahora se haría legal. Y con ello, colapsaría el ciclo reproductivo de las especies, afectando no solo a la pesca artesanal, sino también a toda la cadena alimentaria marina.

Expertos y científicos alertan: esto no es desarrollo, es depredación

Organizaciones como Oceana, junto a científicos del Imarpe, han advertido durante años que las cinco millas son esenciales para la conservación. Ignorar estos estudios, como pretende hacer el Congreso, equivale a legislar desde la ignorancia o la conveniencia empresarial.

“El mar no puede defenderse por sí solo. Pero quienes deberían protegerlo están actuando como sus verdugos”, declaró Carmen Heck, directora de políticas públicas de Oceana.

La resistencia de los pescadores artesanales: una lucha contra el poder político y económico

Más de 60 gremios de pescadores de todo el litoral peruano han llegado a Lima para oponerse a este proyecto. Denuncian que el Congreso los está condenando a la pobreza y al colapso ambiental, todo por favorecer a unos pocos con poder económico.

“No nos representan. Esta ley no es para nosotros, es para los bolicheros”, afirmó Juan Moina, vocero nacional del sector.

¿Y el resto del Congreso? Entre la omisión y el oportunismo

Mientras algunos congresistas —como Ruth Luque, Elías Varas y Norma Yarrow— han salido a defender la ley vigente y denunciar el lobby, la mayoría permanece en silencio o vota sin entender el daño que causará. La falta de transparencia y debate real en el Congreso confirma que esta no es una decisión técnica, sino política y económica.

Lo que está en juego: el futuro del mar y de miles de familias

Este no es solo un debate sobre pesca. Es un debate sobre quién decide qué se protege en el Perú: el conocimiento técnico y el interés común, o los bolsillos de unos cuantos. Si se deroga la Ley N.º 31749, el país retrocederá décadas en políticas de sostenibilidad, y pagaremos el precio con un mar vacío y comunidades costeras en crisis.

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