Aguinaga no se libra y vuelve a estallar el escándalo por esterilizaciones forzadas
AGUINAGA NO SE LIBRA Y VUELVE A ESTALLAR EL ESCÁNDALO POR ESTERILIZACIONES FORZADAS
Víctimas exigen justicia mientras el congresista enfrenta renovadas acusaciones por su rol clave durante el régimen de Fujimori. ¿Hasta cuándo la impunidad?
Esterilizaciones forzadas en Perú: El juicio histórico que enfrenta al Estado por crímenes de lesa humanidad
Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga al Perú por las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori, una política sistemática que afectó a más de 300 mil mujeres, en su mayoría indígenas y pobres. El caso de Celia Ramos marca un hito en la lucha por verdad, justicia y reparación.
Una política de control con rostro de violencia: el caso peruano
Entre 1996 y 2000, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, el Estado peruano ejecutó una política pública disfrazada de planificación familiar que terminó violando los derechos humanos de miles de mujeres. A través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), se realizaron al menos 272 mil esterilizaciones, muchas de ellas sin consentimiento informado. Las víctimas fueron, en su mayoría, mujeres indígenas, quechuahablantes, analfabetas y en situación de pobreza.
El discurso oficial planteaba que la esterilización quirúrgica era un método para reducir la pobreza y mejorar la salud materna. En la práctica, fue una estrategia de control demográfico impulsada con cuotas, metas impuestas a médicos y presiones institucionales. Hoy, décadas después, se reconocen al menos 6,982 mujeres y 189 varones inscritos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), pero se estima que las cifras reales superan los 300 mil casos.
El juicio pendiente contra Fujimori y sus exministros
El Ministerio Público inició la lectura de cargos en el proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de Salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco. Todos son acusados como autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El fiscal Pablo Espinoza sostuvo que Fujimori fue el “máximo y principal responsable” de las muertes y lesiones causadas por estas prácticas. A pesar de informes mensuales, alertas de la Defensoría del Pueblo y denuncias públicas, el expresidente no detuvo la implementación del programa; por el contrario, lo reforzó para eludir responsabilidades.
Celia Ramos: una muerte que despierta justicia
El caso que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y ha marcado un precedente internacional es el de Celia Ramos Durand, una madre de 34 años que vivía en el caserío La Legua, en Piura. En 1997, fue intervenida quirúrgicamente en una posta médica del distrito de Castilla tras ser presionada para aceptar una ligadura de trompas sin consentimiento previo ni informado.
La cirugía se realizó en condiciones inadecuadas: sin equipo médico apropiado, sin monitoreo adecuado y con uso indebido de anestesia. Celia sufrió un paro respiratorio, entró en coma y murió 19 días después. Desde entonces, su familia ha luchado incansablemente por justicia, enfrentando archivamientos irregulares y silencio estatal.
Una audiencia histórica en la Corte Interamericana
El 22 de mayo de 2025, en Guatemala, la CorteIDH inició el primer juicio internacional por una esterilización forzada en el Perú. El caso de Celia fue presentado por sus hijas, junto con las organizaciones DEMUS, Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y CEJIL, quienes buscan que se reconozca la responsabilidad internacional del Estado peruano por la muerte de Celia y las miles de esterilizaciones forzadas ocurridas bajo una política sistemática y discriminatoria.
La abogada María Ysabel Cedano, representante legal de la familia Ramos, señaló que este juicio no solo exige justicia para Celia, sino también reparaciones estructurales para las demás víctimas: “Queremos medidas de no repetición que ataquen las causas estructurales: el racismo, el clasismo y la misoginia institucionalizada”.
El patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos
La perita Kimberly Theidon, antropóloga médica, testificó ante la Corte que “existen pruebas contundentes de que esta política fue dirigida principalmente a mujeres indígenas, pobres y analfabetas. Muchas fueron intervenidas sin saber qué se les hacía, otras fueron engañadas, algunas incluso firmaron formularios bajo amenazas o sin saber leer”.
Este testimonio coincide con múltiples informes de organizaciones defensoras de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo ya había registrado 17 muertes vinculadas directamente a las esterilizaciones, tres de ellas solo en la región Piura.
Negacionismo, impunidad y una justicia aún esquiva
A pesar del peso de la evidencia, la justicia peruana ha mostrado graves falencias. El caso Celia Ramos fue archivado en varias oportunidades por la Fiscalía, y en julio de 2024 una sentencia anuló el proceso penal iniciado en 2018 contra Fujimori y sus ministros. Además, el Congreso aprobó la controvertida Ley 32107, que impide investigar crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una medida que amenaza con cerrar definitivamente el caso en el ámbito nacional.
Por otro lado, sectores políticos afines al fujimorismo continúan negando los hechos, atacando a las víctimas y obstaculizando el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
¿Qué busca la CorteIDH con este juicio?
Las organizaciones DEMUS, CRR y CEJIL han solicitado a la Corte una sentencia que reconozca las esterilizaciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y violencia reproductiva. Entre las medidas exigidas están:
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– Reparaciones individuales y colectivas.
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– Acceso a justicia efectiva.
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– Inclusión de víctimas fallecidas en los registros oficiales.
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– Reconocimiento público del daño causado.
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– Garantías de consentimiento libre, previo e informado en políticas de salud sexual y reproductiva.
Además, se busca sentar un precedente regional que establezca estándares sobre autonomía corporal, justicia interseccional y no discriminación en las políticas públicas.
El legado de las víctimas y la persistencia de sus familias
La lucha de la familia de Celia Ramos simboliza la resistencia de miles de mujeres y comunidades que se niegan a ser silenciadas. A pesar del dolor y la falta de justicia, sus hijas han convertido su historia en un emblema de dignidad, memoria y lucha contra la impunidad.
“Mi mamá murió por una política que nunca debió existir”, declaró Marisela Monzón Ramos, la hija mayor de Celia, durante la audiencia. “Queremos justicia no solo para ella, sino para todas las mujeres que vivieron lo mismo y aún esperan ser escuchadas”.
Una deuda histórica del Estado peruano
Este juicio representa una última oportunidad para que el Estado peruano asuma su responsabilidad y empiece a saldar una deuda histórica con las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Las consecuencias físicas, emocionales y sociales de esta política siguen presentes en las vidas de las mujeres afectadas.
Como lo expresó el asesor legal Esteban Madrigal: “No es solo justicia lo que se reclama. Es también memoria, reparación y una garantía de que el cuerpo de las mujeres no volverá a ser usado como campo de batalla política ni instrumento de control estatal”.