ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO EN PERÚ

Un análisis exhaustivo de los sistemas de prevención de LA/FT y la importancia de la colaboración de actores clave en su implementación.

¿Quiénes son los miembros de los sistemas de prevención de lavado de dinero en Perú?

Los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo están liderados por el Oficial de Cumplimiento, quien es responsable de implementar estrategias para mitigar y controlar los riesgos de LA/FT (Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo). Sin embargo, el Oficial de Cumplimiento no actúa solo, por lo que es importante involucrar a todos los terceros que están directa o indirectamente relacionados con el mundo de la prevención del lavado de dinero en las labores de prevención. En ese sentido, los terceros involucrados son los siguientes «jugadores clave»:

• Oficiales de Negocios o Comerciales: Los oficiales comerciales de las empresas son quienes conocen al cliente, ya que venden los productos o servicios ofrecidos por las compañías. Ellos enlazan al cliente y lo acompañan a lo largo de toda la relación comercial.

• Cuando ocurre una operación inusual, el Oficial de Cumplimiento solicita apoyo del Oficial Comercial para explicar la base legal de la operación, dado que el Oficial Comercial conoce al cliente.

• En caso de que el Oficial Comercial sea cómplice del cliente que está lavando dinero dentro de la institución, entonces proporcionará información errónea, manipulada o falsa al Oficial de Cumplimiento, para que éste no califique la operación inusual como sospechosa.

• Firmas de Auditoría Externa: Los Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, según la Resolución SBS N.º 17026-2010 – Reglamento de Auditoría Externa, deben ser evaluados una vez al año por la empresa de auditoría externa designada por la Junta de Accionistas o el Directorio.

• En ese sentido, el trabajo realizado por los auditores externos es importante, ya que encontrarán observaciones o recomendaciones de acuerdo con la revisión realizada por ellos, y el Oficial de Cumplimiento debe corregirlas para fortalecer el sistema de prevención de lavado de dinero dentro de su institución. Por esta razón, si no hay una supervisión externa real, el Oficial de Cumplimiento creerá que su sistema está funcionando bien, lo cual puede ser un error, ya que podría haber un caso de lavado de dinero que desacredite su sistema de prevención.

• Auditores Internos: El auditor interno, como órgano de control interno, debe conocer debidamente las funciones y obligaciones del Oficial de Cumplimiento para poder supervisar sus funciones.

• Las auditorías no deben limitarse a cumplir con una lista de verificación que solo enumere las políticas y procesos disponibles para el área de Cumplimiento, sino que deben ir más allá y enfocarse en los sistemas de análisis y detección que el Oficial de Cumplimiento tiene para evidenciar sus operaciones inusuales y sospechosas.

• Considero que el trabajo del Auditor es importante, ya que impondrá las observaciones correspondientes que ayudarán al Oficial de Cumplimiento a cumplir con sus funciones y responsabilidades.

• Otros terceros: Incluyo principalmente a los oficiales comerciales en esta categoría, pero también es importante mencionar a otros terceros que ayudan en la prevención, como los proveedores y contrapartes que asisten en la gestión del Oficial de Cumplimiento.

Finalmente, si los Oficiales de Cumplimiento no cuentan con el apoyo de la Gerencia General y del Directorio, no podrán implementar sistemas que realmente detecten operaciones sospechosas. Por ello, el Oficial de Cumplimiento debe tener un presupuesto para contratar especialistas capacitados que apoyen su función, para adquirir herramientas tecnológicas que monitoreen a todos los clientes, proveedores y personal, y, por último, pero no menos importante, para capacitaciones. Si no se capacita permanentemente, será imposible detectar las nuevas tipologías creadas por los lavadores de dinero para utilizar a las empresas y poder ocultar el dinero ilícito.

Sujetos Obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera de Perú

Desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú – UIF en 2002, se han listado varios sectores económicos que deben contar obligatoriamente con sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En este sentido, los bancos siempre han estado a la vanguardia, no solo porque la Ley N.º 27693 los enumera como el primer sector económico obligado a proporcionar información a la UIF, sino también (y creo que es muy importante) porque los bancos corresponsales son muy rigurosos en sus revisiones y cuestionarios PLAFT (Portal para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) cuando revisan las transacciones realizadas por bancos locales hacia el extranjero. Por eso, siempre he dicho que los bancos corresponsales son más drásticos que nuestros reguladores.

En los últimos años, la lista de Sujetos Obligados ha ido creciendo. Por ejemplo, en 2018 se incluyeron abogados que cumplen ciertos requisitos, clubes de fútbol, contadores, etc. Pero no solo se incluyen sectores económicos, sino también entidades del Estado peruano como Reniec, Sunat, Sunarp, SMV, Cofopri, Digemin*, EsSalud, el Ministerio de Comercio Exterior y otras. Estas fueron incluidas en 2007 como Sujetos Obligados a proporcionar información a la UIF.

Esto me lleva a dos reflexiones que discutiré en este artículo: la primera es sobre los Sujetos Obligados que han implementado un Sistema de Lavado de Dinero que no funciona y aquellos que no han implementado nada, y estos son muchos en número. Y la segunda es sobre los sectores económicos y entidades estatales que proporcionan información a la UIF, y si esta última tiene la capacidad operativa para recibir la información y, más importante, para analizarla. Daré mi respuesta a medida que escriba este artículo, pero estoy seguro de que ya saben cuál es mi respuesta.

Los Sujetos Obligados a informar a la UIF, como el comercio de antigüedades, hoteles, restaurantes, servicio postal y courier, subastadores públicos, no han designado al Oficial de Cumplimiento y actualmente están incumpliendo con la normativa peruana. En respuesta a esta preocupación, no podemos decir que estas son normativas nuevas en Perú y que estamos solo en una fase de formación de empresas, porque por esta razón mencioné anteriormente que la UIF fue creada en 2002. Ahora han pasado 17 años y estamos incumpliendo no solo normativas locales y extranjeras, sino también las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Mi idea no es buscar culpables ni decir lo que muchos siempre dicen: «El Estado no hace nada y no es competente, etc.». Para mí es muy importante analizar el problema y dar mi opinión, siempre buscando lo mejor. En ese sentido, considero que es un esfuerzo conjunto del Estado y los particulares. Me atrevo incluso a decir que la responsabilidad principal recae en los particulares, ya que el Estado cumplió con sus obligaciones al crear la UIF, otorgar presupuesto y asignar responsabilidades. Por lo tanto, las empresas del sector privado están obligadas a implementar Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y designar un Oficial de Cumplimiento. Y el Estado debe asegurar la adhesión a las normas con el apoyo de organismos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, lo que no está ocurriendo en la actualidad, porque, en mi opinión, hay muy pocas supervisiones y multas para las empresas que están clasificadas como Sujetos Obligados. Puedo contarles sobre casos reales que conozco, ni siquiera mencionaré las casas de antigüedades, hoteles o restaurantes, y algo más conocido por todos, la construcción e inmobiliaria. Por mis funciones profesionales conozco varias de ellas que no han designado su Oficial de Cumplimiento y, aún peor, no saben qué es la UIF.

Lo primero que propongo es que el Estado debería llevar a cabo campañas publicitarias. Aplaudo la Política Nacional Contra el Lavado de Activos aprobada en 2017 y la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos del año 2016. Son partes esenciales para promover e inculcar verdaderamente una cultura de prevención de lavado de dinero en Perú.

También considero que el sistema financiero ha estado cumpliendo con su trabajo de acuerdo con los requisitos locales. Sin embargo, dado que es una fuerza motriz en el país, deberían ayudar a educar a sus clientes (que son Sujetos Obligados) para implementar Sistemas de Prevención LA/FT. Por ejemplo, ayudaría mucho solicitarles que cumplan con designar a su Oficial de Cumplimiento dentro de las políticas de las empresas del sistema financiero al momento de vincular clientes, como hoteles, casinos, subastadores, notarios, mineras y otros Sujetos Obligados. Así, los bancos o las instituciones financieras clasificarán con una puntuación de riesgo baja o moderada a las empresas constructoras o agencias inmobiliarias que tengan un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero. Esto contribuiría a los sistemas de prevención de LA/FT, ya que habría tranquilidad en las operaciones realizadas por los clientes de ambas partes. En otras palabras, el cliente del banco es la empresa constructora y el cliente de la empresa constructora son las personas o empresas que compran o alquilan bienes inmuebles. En ese sentido, la cadena está «asegurada» desde el principio hasta el final.

Otro problema que he presenciado es que hay Sujetos Obligados que tienen un Sistema de Prevención LA/FT y un Oficial de Cumplimiento, pero este no funciona; es decir, lo hicieron solo para cumplir con la norma y evitar multas administrativas o para eximirse de responsabilidad en el caso de la Ley N.º 30424 – Ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica.

La segunda reflexión es sobre el número de Sujetos Obligados a informar a la UIF y su capacidad para recibir y analizar la información. En este punto, les cuento lo que sucede en Colombia. Todos los sectores económicos son Sujetos Obligados en este país. Sin embargo, la UIAF (equivalente a la UIF de Perú) no es la única entidad estatal que regula a los Sujetos Obligados. El Estado colombiano ha creado otras agencias especializadas para supervisar y monitorear a los Sujetos Obligados. En Perú, por ejemplo, el Colegio de Abogados debe supervisar a los abogados calificados como Sujetos Obligados, el Ministerio de Comercio Exterior debe supervisar casinos y tragamonedas; pero, ¿crees que esas dos organizaciones que acabo de mencionar tienen la capacidad operativa y funcional para supervisar y monitorear a los Sujetos Obligados? Bueno, la respuesta es No, y no lo digo yo, los resultados también lo demuestran. Hoy en día, hay varios bufetes de abogados que se niegan a designar un Oficial de Cumplimiento, aunque otros astutos han visto la necesidad del mercado y venden «aceite de serpiente» al implementar Sistemas de Prevención LA/FT para luego vender un servicio. ¡Cuidado con esto!

En consecuencia, considero importante otorgar a la UIF más presupuesto para contratar más personal y capacitarlos para que realmente puedan supervisar y ayudar a los Sujetos Obligados a informar a través de los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas). O, en todo caso, no necesitamos crear organismos como sucede en Colombia, podemos involucrar a los organismos existentes. El Estado peruano debe incluir en su Política Nacional el empoderamiento de otras entidades supervisoras como el Ministerio de Comercio Exterior, para que puedan monitorear los miles de tragamonedas que operan hoy y son un foco de alto riesgo para el lavado de dinero ilícito, perjudicando a nuestro país. Esto falta en nuestro país.

Finalmente, actualmente hay empresas que aún no han implementado Sistemas de Prevención LA/FT y están incumpliendo la normativa peruana. Por lo tanto, la solución es el apoyo de todos los involucrados en la prevención de este riesgo perjudicial; UIF, el sistema financiero, Oficiales de Cumplimiento y otros involucrados. Con formación, diseño de políticas dentro de las empresas y el Estado contribuyendo con un mayor presupuesto a los organismos de supervisión dentro de su Plan Nacional, estoy seguro de que podremos concienciar a todas las empresas del país que califican como Sujetos Obligados para diseñar modelos de prevención LA/FT, no solo por cumplir con la designación de un Oficial de Cumplimiento, sino también por otorgarles las facultades para cumplir su rol dentro de la institución, todo con el objetivo de mitigar los riesgos de LA/FT que forman parte del estancamiento económico que actualmente experimentamos en nuestro país.

Responsabilidad Penal para los Oficiales de Cumplimiento de Lavado de Dinero

El artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 1106 – Lucha efectiva contra el lavado de activos, establece lo siguiente:

Cualquiera que, en incumplimiento de sus obligaciones funcionales o profesionales, no comunique las transacciones sospechosas descubiertas a la autoridad competente, de acuerdo con las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con multa de ciento veinte a doscientos cincuenta días y con inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de acuerdo con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal.

«La omisión de la comunicación de transacciones sospechosas será sancionada con multa de ochenta a ciento cincuenta días e inhabilitación de uno a tres años», de acuerdo con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal.

A la luz de lo anterior, la modificación del artículo mencionado llevaría a un cambio importante en los sistemas de prevención de lavado de dinero para las instituciones del sistema nacional, ya que otorgaría seguridad en la labor de los Oficiales de Cumplimiento. De esta manera, podrían trabajar de manera más eficiente y reportar transacciones sospechosas sin temor a represalias.

La modificación tendría un impacto positivo porque busca establecer requisitos y delimitar los casos fraudulentos y/o negligentes respecto a las funciones del Oficial de Cumplimiento, y también pretende introducir a otros funcionarios involucrados en la generación de reportes de operaciones sospechosas en el marco normativo, con el propósito de implementar un sistema de lucha contra el lavado de dinero más coherente, donde todos los involucrados participen en el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero y así evitar que los productos y servicios proporcionados por las instituciones financieras se utilicen para fines ilícitos.

En la actualidad, existen muchas interpretaciones sobre este artículo, principalmente sobre si la falta de reporte de una operación sospechosa constituye un delito. En ese sentido, es muy importante modificar el artículo y dejar claro que la omisión de reporte no constituye un delito, para que no haya interpretaciones erróneas que intimiden la labor de los Oficiales de Cumplimiento, porque la calificación de una transacción sospechosa recae en la discreción del respectivo Oficial de Cumplimiento, como lo indica la Resolución SBS 2660-2015. Sin embargo, hoy en día un fiscal puede llamar a un Oficial de Cumplimiento a una reunión para «aclarar» ciertas dudas relacionadas con una investigación que lleva a cabo. Así, se infringiría la confidencialidad de su nombre y de la información contenida en el «Reporte de Operación Sospechosa» si un Oficial de Cumplimiento hace una declaración sobre una investigación de lavado de dinero.

Propuesta Normativa

Después de haber analizado el impacto normativo, se propone por los argumentos presentados modificar el artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 1106 que aprueba «La lucha efectiva contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado».

En ese sentido, la propuesta normativa sería la siguiente:
Artículo 5º.- Omisión de comunicación de operaciones y transacciones sospechosas

Cualquiera que, en incumplimiento de sus deberes funcionales como sujeto obligado, no comunique las operaciones o transacciones sospechosas correspondientes al delito de lavado de dinero detectadas por él a la autoridad competente, de acuerdo con las leyes y normas reglamentarias, será castigado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años, con multa de ciento veinte a doscientos cincuenta días y con inhabilitación no menor de cuatro ni mayor de seis años, de acuerdo con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal.

En caso de omisión de comunicación por parte de un sujeto obligado de una operación o transacción sospechosa, tal comportamiento será reprimido con multa de ochenta a ciento cincuenta días e inhabilitación de uno a tres años, de acuerdo con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36 del Código Penal.
Si por culpa de un tercero, el sujeto obligado no informa sobre una transacción u operación sospechosa, el tercero será castigado con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con multa de ciento veinte a ciento ochenta días.

La modificación propuesta elimina la responsabilidad por culpa del Oficial de Cumplimiento y aclara que su participación en actos dolosos con intención debe ser sancionada con prisión. Además, se agrega la participación de terceros en el segundo párrafo, que en estos casos son los Oficiales de Banca que están a cargo de las cuentas de los clientes, ya que estos oficiales son quienes realmente conocen al cliente, porque los traen al banco y los vinculan, ofrecen los productos y servicios que ofrece la institución financiera y acompañan al cliente en el día a día. Por esta razón, la política bancaria de «Conozca a su Cliente» es responsabilidad de los Oficiales que mantienen contacto directo con los clientes.

En este sentido, se busca informar al personal que trabaja en los bancos sobre la importancia de prevenir el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo mediante el cumplimiento de los procedimientos y el uso de las herramientas definidas. El incumplimiento de dichos procedimientos se considera su implicación en las responsabilidades penales descritas en el artículo modificado propuesto.

Vale mencionar que la designación de un Oficial de Cumplimiento en el sistema financiero la realiza el máximo órgano de una institución, que es el Directorio, un cuerpo colegiado que toma las decisiones principales de una organización. Posteriormente, se informa el nombramiento con el nombre del Oficial de Cumplimiento y se presenta para la aprobación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), una institución reguladora de todos los bancos que realiza un examen específico donde analiza los requisitos que debe cumplir la persona designada por el Directorio.

La SBS solicita internamente la opinión de varias de sus Intendencias (Riesgos, Legal, UIF, etc.), donde cada Intendencia evalúa y emite su opinión sobre el Currículum y otros requisitos que debe cumplir el Oficial de Cumplimiento designado. Si todas las Intendencias opinan favorablemente, significa que la SBS aprueba el nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
En ese sentido, según lo dicho, partimos de la premisa de que el Oficial de Cumplimiento de una institución financiera es una persona capacitada, honesta y profesionalmente formada para cumplir con las tareas que se le han asignado. Por lo tanto, es ilógico intentar involucrarlo en eventos de lavado de dinero intencionales o negligentes que puedan ocurrir en su institución. Sin embargo, el artículo 5 actualmente en discusión deja abierta la posibilidad de involucrar a un Oficial de Cumplimiento en procedimientos penales por no reportar una transacción sospechosa.

En consecuencia, el hecho de cometer a oficiales de terceros o terceros, como empresas de auditoría externa u otra persona o entidad responsable de velar por el cumplimiento de las políticas de los Sistemas de Prevención de Lavado de Dinero, debe estar involucrado en la modificación del artículo 5, ya que el trabajo de estos terceros es importante para la mitigación de riesgos.
En ese sentido, la modificación también conlleva implementar una pena con prisión, sanción pecuniaria e inhabilitación por tres años, ya que no debe limitarse a castigar la falta o negligencia con una simple multa como actualmente sanciona el artículo 5 en discusión.

Nota del Traductor:
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)
Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)

Texto Original en INGLES

Who are the members of money-laundering prevention systems in Peru?

The money laundering and financing of terrorism prevention systems are led by the Compliance Officer who is responsible for implementing strategies to mitigate and control AML/CFT risks. However, the Compliance Officer does not act alone, so it is important to involve all third parties that are directly or indirectly in the world of prevention of money laundering in the work of prevention thereof. In that sense, the third parties involved are the following “key players”:

• Business or Commercial Officers: The commercial officers of the companies are those who know the client, because they sell the products or services offered by the companies. They link the client and accompany him/her throughout the business relationship.

When an unusual operation occurs, the Compliance Officer requests support from the Commercial Officer to explain the legal basis of the operation, since the Commercial Officer knows the client.

In case, the Commercial Officer is an accomplice of the client who is laundering money within the institution, then he will provide erroneous, manipulated or false information to the Compliance Officer, so that he does not qualify the unusual operation as suspicious.

• External Audit Firms: Money Laundering Prevention Systems, by Resolution SBS No. 17026-2010 – External Audit Regulation, are required to be evaluated once a year by the external audit company designated by the Board of Shareholders, or the Board of Directors.

In that sense, the work performed by the external auditors is important, because they will find observations or recommendations according to the review performed by them, and the Compliance Officer must correct them to strengthen the money laundering prevention system within their institution. It is for this reason that if there is no real external supervision, the Compliance Officer will believe that their system is working well, which can be a mistake because there may be a case of money laundering that discredits their prevention system.

• Internal Auditors: The internal auditor as an internal control body must duly know the functions and obligations of the Compliance Officer in order to be able to supervise his/her functions.

Audits should not be limited to complying with a checklist, which only has the number of policies and processes available for the Compliance area, but must go further, and focus on the analysis and detection systems that the Compliance Officer has to evidence their unusual and suspicious operations.

I consider the work of the Auditor to be important, since it will impose the corresponding observations that will help the Compliance Officer fulfill his functions and responsibilities.

• Other third parties: I include mainly commercial officers in this category, but it is also important to mention other third parties that help prevent the work of the Compliance Officer just as his suppliers and counterparties that help the management of the Compliance Officer.

Finally, if the Compliance Officers do not have the support of the General Management and the Board of Directors, they will not be able to implement systems that can really detect suspicious operations, which is why the Compliance Officer must have a budget to hire trained specialists to support his function, to acquire technological tools that monitor all the clients, suppliers and staff, and last but not least, trainings. If he is not permanently trained, It will be impossible to detect the new typologies created by the money launderers to use the companies and to be able to hide the illicit money.

The Subjects Bound to inform the financial intelligence unit of Peru

Since the Financial Intelligence Unit of Peru – FIU was created in 2002; several economic sectors that must necessarily have money laundering and financing of terrorism prevention systems have been listed. In this respect, Banks have always taken a step forward, not only because Law No. 27693 lists them as the first economic sector obliged to provide information to the FIU, but (and I think it is very important) the correspondent Banks are very sharp in their reviews and PLAFT (Portal for the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing) questionnaires, when reviewing the transactions carried out by local banks to abroad. That is why I have always said that correspondent banks are more drastic than our regulators.

So in recent years the list of Obliged Subjects has been growing. For example, lawyers who meet certain requirements, football clubs, accountants, etc., were included in 2018. But economic sectors are not the only ones included, but also Reniec, Sunat, Sunarp, Smv, Cofopri, Digemin*, the Social Security of Health, the Ministry of Foreign Trade and other entities of the Peruvian State were included in 2007  as Obliged Subjects to provide information to the FIU.

This leads me to two reflections that I will discuss in this article: the first one is about the Obliged Subjects that have implemented a Money Laundering System which does not work and those that have not implemented anything, and these are many in number. And the second one is about economic sectors and state entities that provide information to the FIU, and this latter is in the operational capacity to receive the information, and more importantly, to analyze it. I will give my answer as I write this article, but I’m sure you know what my answer is.

Subjects bound to inform the FIU, such as trade in antiquities, hotels, restaurants, mail service and Courier, public auctioneer has failed to appoint the Compliance Officer and they are currently in breach of Peruvian regulations. Responding to this concern, we cannot say that these are new regulations in Peru and that we are only in a situation of training of companies, because this is the reason I previously mentioned that the FIU was created in 2002. Now, 17 years have passed and we are breaking, not only local and foreign regulation, but also the FATF Recommendations[1].

My idea is not to seek people responsible, nor say what many always say: «the State does nothing and is no competent, etc.» It is very important for me to analyze the problem and give my opinion, always looking for the best. In that sense, I consider that it is combined effort of the State and individuals. I even dare to say that the main responsibility lies with individuals, since the State fulfilled its obligations by creating the FIU, granting budget and entrusting responsibilities. Therefore, the companies of the private sector are under the obligation of implementing Money Laundering Prevention Systems and appointing a Compliance Officer. And the State must ensure the Adhesion to Standards with the support of agencies such as the Superintendence of Banking, Insurance and AFP – SBS, which is not happening at present because, in my opinion, there are very few supervisions and fines for companies that are classified as Obliged Subjects. I can tell you about real cases I know, I will not even mention the houses of antiques, hotels or restaurants, and something better known by all, the construction and real estate. Due to my professional functions I know several of them that have not designated their Compliance Officer, and even worse, they don’t know what the FIU is.

The first thing I propose is that the State should carry out advertising campaigns. I applaud the National Anti-Money Laundering Policy approved in 2017 and the National Evaluation of Money Laundering Risks of the year 2016. They are essential parts to truly promoting and instilling a culture of money laundering prevention in Peru.

I also consider that the financial system has been carrying out its work according to local requirements. However, as it is a strong driving force in the country, they should help to educate their clients (who are Mandatory Subjects) to implement AML/CFT2 Prevention Systems. For example, it would help a lot to request them to comply with designating their Compliance Officer within the policies of the companies of the financial system at the time of linking clients, such as hotels, casinos, auctioneers, notaries, mining companies, and other Obliged Subjects. So the Banks or Financial Institutions companies will qualify with a low or moderate risk score to the construction companies or real estate agencies that have a Money Laundering Prevention System. This would contribute to the AML/CFT prevention systems, since there would be tranquility in the operations carried out by the clients of both parties. In other words, the Bank’s client is the construction company and the client of the construction company is the people or companies that buy or rent real estate. In that sense, the chain is “secured” from the beginning to the end.

Another problem that I have witnessed is that there are Obliged Subjects that have a AML/CFT Prevention System and a Compliance Officer but this does not work, that is, they only did so to comply with the standard to avoid administrative fines or to disclaim liability in the case of Law No. 30424 – Law of administrative responsibility of the legal entity.

The second reflection is about the number of Obliged Subjects to inform the FIU and its ability to receive and analyze the information. At this point, I tell you about what happens in Colombia. All economic sectors are Obliged Subjects in this country. However, the UIAF (equivalent to the FIU of Peru) is not the only state entity that regulates the Obliged Subjects. The Colombian State has created other specialized agencies to supervise and monitor the Obliged Subjects. In Peru, for example, the Bar Association must supervise lawyers who are qualified as Obliged Subjects, the Ministry of Foreign Trade must supervise casinos and slots; but you believe that those two organizations that I just mention are in the operational and functional ability to supervise and monitor Obliged Subjects. Well, the answer is No, and not because I say so, but also the results demonstrate this. Nowadays, there are several Law Firms that refuse to appoint a Compliance Officer, although other cunning people have seen the need of the market and sell snake oil by implementing AML/CFT Prevention Systems to then sell a service. Beware of this!

Consequently, I consider important to give the FIU more budget to hire more staff and train them so that they can really supervise and help the Obliged Subjects to report information through the ROS (Suspicious Operation Reports). Or, in any case, we don’t even need to create organisms as happens in Colombia, we can involve the existing organisms. The Peruvian State must include the empowerment of other supervisory entities such as the Ministry of Foreign Trade within its National Policy, so that they can monitor the thousands of slots that operate today and are a high-risk focus by laundering illicit money hurting our country. This is lacking in our country.

Finally, there are currently companies that have not yet implemented AML/CFT Prevention Systems and they are in breach of Peruvian regulation. So, the solution is the support of everyone involved in the prevention of this harmful risk; FIU, the financial system, Compliance Officers, and others involved. With training, designing policies within the companies and the State contributing greater budget to the supervisory bodies within its National Plan, I am sure that we will be able to raise awareness among all the companies in the country that qualify as Obliged Subjects to design AML/CFT prevention models, not only for complying with the appointment of a Compliance Officer, but also for granting them the powers to fulfill their role within the institution, all with the objective of mitigating AML/CFT risks that are a part of the economic standstill that we currently experience in our country.

Criminal Liability for Anti-Money Laundering Compliance Officers

Article 5 of Legislative Decree No. 1106 – Effective fight against money laundering, establishes the following:

Anyone who, in breach of his functional or professional obligations, fails to communicate the suspicious transactions discovered to the competent authority, in accordance with the laws and regulatory norms will be repressed with imprisonment not less than four or more than eight years, with one hundred twenty to two hundred and fifty days fine and disqualification of not less than four or more than six years, in accordance with subsections 1), 2) and 4) of article 36 of the Criminal Code.

“The omission of the communication of suspicious transactions  shall be punished with eighty to one hundred and fifty days fine and disqualification of one to three years», in accordance with subsections 1), 2) and 4) of article 36 ° of the Criminal Code.

In view of the above, the modification of the aforementioned article would lead to an important change of the money laundering prevention systems for the national system institutions, as it would grant security in the work of the Compliance Officers. Thereby, they could work more efficiently and report suspicious transactions without fear of reprisals.

The modification would have a positive impact because it seeks to establish requirements and delimit the fraudulent and/or negligent cases regarding the functions of the Compliance Officer, and also intends to introduce other officers involved in the generation of reports of suspicious operations on the regulatory framework, with the purpose of implementing a more consistent anti-money laundering system, where all those involved participate in complying with the anti-money laundering regulations and thus prevent the products and services provided by financial institutions from being used for illicit purposes.

At present, there are many interpretations on this article mainly about if the lack of reporting of a suspicious operation constitutes a crime. In that sense, it is very important to modify the article and make it clear that the failure to report does not constitute a crime, so that there are no false interpretations that intimidate the work of the Compliance Officers, because the qualification of a suspicious transaction lies in the discretion of the respective Compliance Officer, as indicated in the Resolution SBS 2660-2015. However, today a prosecutor can call a Compliance Officer to a meeting to «clarify» certain doubts related to an investigation carried out by him. So, the confidentiality of his name and the information contained in the «Report of Suspicious Operation” would be infringed if a Compliance Officer gives his statement on a money laundering investigation.

Normative Proposal

After having analyzed the regulatory impact, it is proposed by the arguments presented to modify Article 5 of Legislative Decree No. 1106 that approves «The effective fight against money laundering and other crimes related to illegal mining and organized crime.»

In this sense, the normative proposal would be the following:

Article 5°.- Omission of communication of suspicious operations and  transactions

Anyone who, in breach of his functional duties as an obliged subject, fails to communicate the suspicious operations or transactions corresponding to the crime of money laundering detected by him to the competent authority, according to the laws and regulatory norms, shall be sentenced to not less than four years nor longer than eight years of prison, with one hundred twenty to two hundred and fifty days fine and disqualification of not less than four nor longer than six years, in accordance with subsections 1), 2) and 4) of article 36 of the Criminal Code.

In case of omission of communication by an obliged subject of a suspicious operation or transaction, such behavior shall be repressed with an eighty to one hundred and fifty days fine and disqualification of one to three years, in accordance with subsections 1 ), 2) and 4) of article 36 of the Criminal Code.

If due to the fault of a third party, the obliged party fails to report a suspicious transaction or operation, the third party shall be sentenced to not less than two nor longer than four years of prison and with one hundred twenty to one hundred and eighty days fine.

The proposed modification eliminates the responsibility due to the fault of the Compliance Officer and clarifies that their participation in malicious acts with intention should be punished with imprisonment. Additionally, the participation of third parties is added in the second paragraph, which in these cases are the Banking Officers who are in charge of the clients’ accounts, since these Officers are the ones who really know the client, because they bring them to the bank and link them, they offer the products and services offered by the financial institution and they accompany the client on a day-to-day basis. For this reason the “Know your Client” banking policy is the responsibility of the Officers who maintain direct contact with the clients.

In this sense, the aim is to inform the staff working in the Banks on the importance of preventing Money Laundering and Terrorism Financing through compliance with the procedures and the use of the defined tools. The non-compliance of said procedures is taken as their involvement in the criminal responsibilities described in the proposed modified article.

It is worth mentioning that the appointment of a Compliance Officer in the financial system is carried out by the highest body of an institution, which is the Board of Directors, a collegiate body that makes the main decisions of an organization. After that, the appointment with the name of the Compliance Officer is informed and Submitted for approval of the Superintendence of Banking, Insurance and AFP (Pension Fund Administrator), a regulatory institution of all Banks which performs a specific examination where it analyzes the requirements that must be met by the person designated by the Board of Directors.

The SBS [the Superintendence of Banking, Insurance and AFP (Pension Fund Administrator)] internally requests the opinion of several of its Intendencies (Risks, Legal, FIU, etc.), where each Intendency evaluates and gives its opinion on the Curriculum and other requirements that the designated Compliance Officer must meet. If all the Intendencies think favorably, it means that the SBS approves the appointment of the Compliance Officer.

In that sense, according to what has been said, we start with the premise that the Compliance Officer of a financial institution is a capable, honest, and professionally trained person to fulfill the tasks that have been designated to him. And therefore, it is illogical to try to involve him before events intentional or negligent money laundering that may occur in his institution. However, Article 5 currently in discussion leaves the possibility of involving a Compliance Officer in criminal proceedings for not reporting a suspicious transaction.

Consequently, the fact of committing third-party officers or third parties, such as external auditing companies or another person or entity responsible for ensuring compliance with the policies of Money Laundering Prevention Systems, must be involved in the modification of the Article 5th, as the work of these third parties is important for risk mitigation.

In that sense, the modification also entails implementing a penalty with imprisonment, pecuniary sanction and disqualification for three years, since it should not be limited to punish the fault or negligence with a simple fine as currently punished by the Article 5 in discussion.

* Translator’s Note:

National Register of Identification and Civil Status (RENIEC)

National Superintendence of Tax Administration (SUNAT)

National Superintendence of Public Registries (SUNARP)

(Peruvian) Securities Market Regulator (SMV)

Commission for the Registration of Informal Property (COFOPRI)

General Directorate of Migration-and-Naturalization (DIGEMIN)

[1] In 1989, the intergovernmental organization called the International Financial Action Task Force (FATF) was created with the aim of establishing standards and promoting the effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, the financing of terrorism and other threats to the entirety of the financial system. The FATF is responsible for developing and promoting policies, at the national and international levels, to carry out legislative and regulatory reforms to combat Money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT).

Source: www.sbs.gob.pe